El Estado puede modificar la distribución del ingreso, y por ende el grado de desigualdad y pobreza, a través de varios canales, podemos decir, en concordancia con Gasparini, Marchionni y Sosa Escudero, que ellos son:

1. La alteración de la remuneración de los factores y su tasa de utilización: La intervención estatal modificando las remuneraciones relativas de los factores podría justificarse aún en el caso de generar distorsiones, si la ganancia en equidad supera la pérdida de eficiencia, y si no existen instrumentos a disposición del gobierno que alcancen metas distributivas semejantes con menores costos de eficiencia. Uno de los casos más debatidos es el del salario mínimo. Este instrumento, si logra ser efectivo, aumenta la remuneración horaria de ciertos trabajadores, a costa de un menor nivel de empleo y de distorsiones en la producción, lo cual presenta consecuencias negativas para el crecimiento.
   Ahora bien, una cosa es legislar un salario mínimo cuyo valor surja de un estudio económico, y otra es presionar a una empresa particular a acordar un salario con métodos dudosos, y a un nivel que genera enormes incentivos a la informalidad.
2. La modificación de la distribución de las dotaciones de factores: Una distribución más igualitaria de la propiedad de los factores productivos genera una distribución más igualitaria del bienestar. En las sociedades modernas la fuente de ingresos más importante es el capital humano asociado al trabajo. Las políticas públicas orientadas a una distribución más igualitaria del capital humano en principio generan una mayor equidad distributiva. La forma más extendida de intervención estatal en el sector es a través de la provisión pública de educación formal y de las regulaciones educativas (como la educación obligatoria). Una profunda transformación educativa que garantice una educación de calidad a los pobres es absolutamente necesaria para avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades en el presente, y una mayor igualdad de ingresos en el futuro.
3. La transferencia de recursos hacia las familias a través de la política fiscal y regulatoria: La manera más tradicional que tiene el sector público para afectar la distribución del ingreso es a través de su política de gastos e impuestos. Si la distribución de los beneficios del gasto no coincide con la distribución de la carga de su financiamiento, la desigualdad se ve modificada por la política presupuestaria del Estado. Del lado del gasto público es posible reasignar el presupuesto a favor de programas con un impacto redistributivo mayor y aumentar el grado de focalización de los programas existentes. La progresividad del sistema impositivo puede ser aumentada cambiando la estructura tributaria, pero si por alguna razón esto genera una pérdida en la recaudación y en consecuencia en el gasto público, puede terminar reduciendo el impacto redistributivo de la política fiscal, y por ende aumentando las inequidades.
   Con respecto a los programas de transferencias monetarias habría que revisar seriamente varios de los problemas que no han sido atacados: como los incentivos negativos al trabajo y a la formalidad y el clientelismo. Con un gasto público social mucho más eficiente y focalizado, el nivel de vida de los más carenciados aumentaría significativamente.
4. La alteración de los precios relativos de los bienes finales: Si bien es posible modificar la distribución del ingreso real, este instrumento es costoso en términos de eficiencia asignativa, por lo que sólo debe ser utilizado si no existen instrumentos alternativos y después de un cuidadoso estudio de costos y beneficios.

Pueden existir argumentos para subsidiar el consumo de ciertos bienes, pero es difícil encontrar racionalidad en medidas extremas como la prohibición de las exportaciones.