Introducción

Las conducciones de la Sociedad Rural “Argentina” en los últimos años representan esa especie de dirigente sectorial que actúa como si el mundo comenzara y terminara en su propio territorio. En este caso, además, aparece una desconexión con las profundas transformaciones que se produjeron en el campo en los últimos quince años. Reeditan una vieja disputa industria-campo, se quejan de las retenciones y exigen agradecimiento por su aporte vía ese impuesto extraordinario que se destina a financiar los planes Jefas y Jefes de Hogar.

La Sociedad Rural “Argentina” fue fundada el 16 de julio de 1866 por la oligarquía y los terratenientes de entonces, que aprovechaban las campañas del Ejército contra el indio para quedarse con las mejores tierras de la pampa húmeda.

"Artículo 1°- La Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866, es una Asociación Civil que tiene los siguientes fines: velar por el patrimonio agropecuario del país y fomentar su desarrollo tanto en sus riquezas naturales, como en las incorporadas por el esfuerzo de sus pobladores; promover el arraigo y la estabilidad del hombre en el campo y el mejoramiento de la vida rural en todos sus aspectos; coadyuvar al perfeccionamiento de las técnicas, los métodos y los procedimientos aplicables a las tareas rurales y al desarrollo y adelanto de las industrias complementarias y derivadas, y asumir la más eficaz defensa de los intereses agropecuarios".

Desde su fundación la Sociedad Rural se adjudicó la representación de la clase agrícola-ganadera en su totalidad, pero en realidad representaba tan solo a un núcleo muy reducido dentro de ella, a los más poderosos. En sus orígenes sus miembros no llegaban a cien, setenta años después, en 1936, apenas llegaban a dos mil y recién en la década del sesenta alcanzan la cifra record de nueve mil miembros, solo el 5% de la clase agrícola-ganadera. En realidad la Sociedad Rural actúo siempre con las características de una sociedad secreta con poderes ocultos, siendo secreto el procedimiento de las admisiones de socios. No se admiten a pequeños y medianos propietarios, ni a chacareros, ni a colonos, ni a arrendatarios. Los cargos principales de la Comisión Directiva están siempre en manos de las principales familias de la supremacía agrícola-ganadera.

Antecedentes y relaciones con el modelo liberal

Si realizamos una pequeña mirada a los gestos y palabras de los sucesivos presidentes de la entidad a lo largo de los últimos años nos encontramos con muestras claras de aceptación y promoción a las políticas que se sucedieron en nuestro país en las ultimas décadas y que por supuesto tuvieron consecuencias sobre nuestros pequeños y medianos productores.

En 1935 la Sociedad Rural le hizo un acto de homenaje al rey Jorge V. El embajador inglés improvisó un pequeño discurso, en donde apelando a su sinceridad, afirmó que “la Sociedad Rural era la personificación de la amistad anglo-argentina”.

La Rural en su exposición de 1966 recibe a un Presidente promisorio que ingresa en la carroza que usó la Infanta Isabel: Juan Carlos Onganía. Discurso del presidente Faustino Alberto Fano en el evento: “Si en todos ha renacido la esperanza, si el anhelo común es reconstruir la Argentina, si aspiramos al bienestar general positivo, no declamado, si queremos realmente la prosperidad de nuestra tierra generosa y nuestro magnífico pueblo, nos ofrecen, si pretendemos seguridad y estabilidad, si es nuestra voluntad ser libres, entonces, nuestros primeros deberes han de ser asumir la total responsabilidad que nos compete, trabajar a conciencia en orden y disciplina….”

Enrique Crotto felicita en agosto de 1996 al ex Ministro Domingo Cavallo por su excelente gestión y dijo que “las cuentas fiscales hay que equilibrarlas pero no en perjuicio del sector más importante de la Nación”.

En marzo del 2000 cuando el país estaba demolido después de años de políticas liberales. Escuchemos al Presidente de la Sociedad Rural Enrique Crotto, que solicita al igual que el FMI, apretar mas las tuercas del modelo: “A su vez, aún persiste el ciclo recesivo, agravado por las pésimas “Reformas Tributarias”, una desregulación insuficiente, que debe ser profundizada y una apertura que aún brinda un excesivo proteccionismo explícito a sectores ineficientes de la economía. Es función indelegable del Estado, intervenir para desregular asegurando la competitividad”.

No solo gestos y palabras demuestran las estrechas relaciones existentes, además negocios en conjunto son los que sobran, como el que ocurrió en 1991, cuando la Administración del entonces Presidente Carlos Saúl Menem les vendió un extenso terreno en una de las zonas mas caras de Buenos Aires por 30 millones de dólares, a pagar en cómodas cuotas, lo que valía 943 millones según la Administración General de Inmuebles Fiscales del Ministerio de Economía.

Así es que, desde sus comienzos y a lo largo de su historia, la Sociedad Rural “Argentina” se preocupó mas por representar a este pequeño grupo de terratenientes y extender sus alianzas con grandes grupos de capital extranjero, que por ser una verdadera representación del campo argentino, y mucho menos se ocupo de representar a los pequeños y medianos productores de nuestras tierras pampeanas.

Consecuencias y Resultados de la política

Fue el Ing. Ingaramo, miembro del equipo de Domingo Cavallo, quien señalara en 1990: “en la Argentina deben desaparecer 200.000 productores agropecuarios por ineficientes” (ver diario Clarín, 1991). Lo peor de todo es que casi lo logra, peor aún: desde la Ley Raggio promulgada en 1967, durante la presidencia de Ongania, hasta el 2001 se perdieron 250.000 pequeños productores.

En un interesante documento presentado en las jornadas del Plan Fénix, “El campo argentino en la encrucijada”, Miguel Teubal destaca que “El agro argentino se fue transformando a paso acelerado en una agricultura sin agricultores”, quien indica que las unidades productivas que se perdieron fueron las de menos de 200 hectáreas, en cambio aumentaron las de más de 1000 a 2500 hectáreas.
Esa evolución de la propiedad y manejo de la tierra “refleja la desaparición de la agricultura familiar en el país”, según Teubal. Y enfatiza que “la expulsión masiva de productores agropecuarios y en muchos casos su transformación en rentistas que no laboran su tierra, contribuyen a la transformación del sector en una agricultura sin agricultores”.

El último Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2002 registra 333 mil explotaciones agropecuarias (EAPs) en el país que ocupan una superficie de 174 millones de hectáreas. En comparación con los valores del censo anterior muestra una disminución de 21% (88 mil EAPs) cuando representaban en 1988 mas de 421 mil EAPs y una disminución del 2% en la superficie incorporada a las explotaciones agropecuarias cuando en 1988 éstas ocupaban 177 millones de hectáreas.
La disminución de EAPs tuvo un mayor peso en la Región Pampeana, siendo la misma del 29%, sólo la reducción de esta región explica el 66% de la correspondiente al total del país. En el resto del país, se percibió una caída en el número de EAPs del 14% en promedio.

Los resultados señalan que, conjuntamente con la reducción de las explotaciones a que aludimos, el tamaño promedio de las EAPs aumentó, de 469 hectáreas a 588 hectáreas, es decir, un 25%, lo cual refleja la desaparición fundamentalmente de las más pequeñas explotaciones. El mayor crecimiento se observa en la Región Pampeana, donde la escala promedio se incrementó un 35% (pasando de 400 ha en 1988 a 533 ha en 2002). Cabe destacar que el tamaño promedio de las EAPs en la Argentina es mucho mayor que el que se registra en EUA (la explotación media actual es menor a 250 hectáreas), Europa (la misma se acerca a las 19 hectáreas) u otras partes del mundo.

Otro dato importante es que, para el total del país, se observa una disminución de la cantidad de hectáreas explotadas por sus propietarios (-8,4 millones de ha), y un crecimiento de la superficie explotada bajo distintos tipos de contratos (arrendamiento, aparcería y contrato accidental)

Este nuevo escenario que presenta el campo argentino en todo su territorio nacional, y mas precisamente en la región pampeana, no es sino una consecuencia de las políticas aplicadas desde un modelo que favoreció la especulación sobre la producción, la concentración sobre la diversificación y el fortalecimiento de los grandes propietarios sobre el debilitamiento de los pequeños y medianos productores.

Entre las principales políticas impulsadas, se encuentran la disolución de la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la entrega al capital multinacional el control del comercio exterior argentino, los puertos de embarque de nuestra producción, destruir los silos y plantas de almacenamiento de la Junta Nacional de Granos, destruir y privatizar los ferrocarriles -único país en el mundo que destruyó su red ferroviaria, la mayor de América Latina-, privatizar las rutas construidas por la nación y las provincias, privatizando y encareciendo el transporte de nuestra producción.

Parte 2

A partir de estos procesos de desregulación que se dieron en la última década y que provocaron el aumento en la concentración del capital que, junto con la eliminación de toda reglamentación que establezca un precio mínimo o sostén, que permitían estimular determinadas producciones necesarias para el país, corregir distorsiones y proteger al pequeño y mediano productor de la voracidad del “mercado” -los terratenientes y la banca privada, han cortado la capacidad de decisión del pequeño productor agropecuario sobre su producción, los insumos utilizados e incluso las técnicas productivas desarrolladas. A ello se le suma una merma del poder de negociación del precio de venta que tiene frente al acopiador, y en el caso de los transgénicos, frente a su proveedor de semilla. Todos estos factores se suman a la imprevisión que genera la gran variabilidad de los precios internacionales agrícolas, que afectan directamente al productor agropecuario a partir de la desregulación y apertura externa.

Los pequeños y medianos agricultores de la región pampeana fueron los que más se endeudaron: como eran dueños de la tierra, podían ofrecer garantías hipotecarias y como contaban con escaso capital operativo recurrían al crédito bancario para financiar una supuesta reconversión productiva (incorporar tecnologías para aumentar la escala de producción). Mientras los precios cerealeros internacionales fueron favorables, hasta 1995 muchos creyeron que podían lograr el "modelo de agricultura profesional" que los discursos oficiales y periodísticos proponían para la agricultura argentina. Las disminuciones de los precios internacionales, los intereses de las deudas que las llevaron a convertirse en "impagables", y el deterioro de la economía nacional, coadyuvaron para que estos sectores abandonaran la esperanza de las estrategias sociales o salidas "hacia delante" y comenzaran a accionar en el nivel de la protesta social (véase Teubal y Rodríguez, 2001).

Fue una política deliberada destruir el INTA, vaciarlo de contenido y rol, entregando el germoplasma nacional y sus estudios agroecológicos argentinos -una riqueza de carácter estratégico y geopolítico- a las multinacionales granarias y agroquímicas, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y el control independiente de la producción agropecuaria nacional.

Conclusiones y reflexión final

En síntesis lo que se quiere señalar es que, no es que el Estado ha estado ausente sino que el mismo estuvo presente con una política que produjo estos resultados.

Se requiere cambiar la política del Estado hacia el campo por otra política activa, nacional, que reoriente la producción agropecuaria en función de las necesidades del país y no de este grupo de grandes terratenientes vinculados a las empresas multinacionales que desde siempre gobernaron nuestra producción agropecuaria. Es decir volver a pensar en el mercado interno como eje de nuestro desarrollo. Eso implica entre otras cuestiones, una política de retenciones diferenciales, precios sostén y compensatorios, protección de producciones mediante subsidios y créditos especiales, protección del pequeño y mediano productor, una política de recolonización agrícola, de control sobre las propiedades extranjeras sobre nuestra tierra, la recuperación de una política soberana de semillas y de defensa de la producción de las mismas por el productor, devolviendo al INTA el papel histórico jugado en el desarrollo de una tecnología nacional agropecuaria y el control y secreto sobre sus investigaciones.

A veces una pregunta muy sencilla colabora a derrumbar discursos que se presentan como verdades absolutas, pero que en realidad encubren la defensa de mezquinos intereses sectoriales. Aldo Ferrer en “El encuadre macroeconómico de la rentabilidad y el empleo en el campo y la industria”, disparó con el siguiente interrogante: “¿Qué es más conveniente para el sector exportador de productos agropecuarios: un tipo de cambio bajo sin retenciones o alto con retenciones?”. En forma muy didáctica Ferrer señala que la única ventaja de la primera variante “puede ser el acceso a insumos y equipos importados eventualmente más baratos”, pero la evolución en la década del noventa indica que en ese escenario el sector registró elevadas deudas y caída de los precios de los campos, debido a la baja rentabilidad de esa actividad en esas condiciones. Por el contrario, sostiene Ferrer, “en la experiencia reciente, una paridad competitiva con retenciones coincidió con un período de excelente rentabilidad, disminución del endeudamiento, aumento de inversiones y valorización de los campos”.
Es cierto que hay una combinación que Ferrer no contempló para estos momentos y que la Sociedad Rural “Argentina” desearía: un dólar alto y sin retenciones.

Edgardo - Río Cuarto -
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