El desgraciado accidente producido en un taller de costura clandestino da pie a estas reflexiones basadas en una realidad insoslayable

Entendemos que no es un secreto para nadie que prácticamente la mitad de la economía argentina funciona de manera informal, que es lo que vulgarmente se conoce como “en negro”. En estos momentos, según datos oficiales el mercado laboral en tales condiciones está en el orden del 45% del total

Si cualquiera de nosotros meditara unos momentos acerca de la cantidad de transacciones que diariamente realiza de manera informal probablemente se sorprendería, lo cual atribuimos en lo que puede denominarse una rutina.

El problema de la economía informal es, podemos decir, de carácter mundial. Pero también es verdad que en determinados países la cuestión es muchísimo más grave por las condiciones imperantes.

En los países avanzados, pagar los impuestos es algo absolutamente natural, y cualquiera que haya tenido la oportunidad de visitar determinadas economías, puede corroborar que así es en general. Sin embargo, también en ellos existe un enorme mercado negro, que pasa por distintas actividades más o menos prohibidas o más bien incómodas políticamente. Desde el tráfico de drogas o de inmigrantes, hasta las cuentas bancarias anónimas o la cantidad de sociedades holdings con acciones al portador o nominativas pero que permiten titularidades de sociedades constituidas en los llamados paraísos fiscales cuyo objeto es desarrollar precisamente actividades en el extranjero, la gama es interminable. En muchos casos, existe una tercerización, como en el caso de operaciones de importación o de exportación de mercaderías, donde por diversas razones sociedades o empresas intermedian facilitando así que buena parte de las diferencias de facturación queden en zonas o países de baja o nula tributación. Si bien los criterios de renta mundial obligan luego al pago de impuestos en los países de origen, aquellas sociedades cuya constitución y conformación está vinculada a tales paraísos fiscales, quedan fuera de tal ámbito al responder al carácter de locales. La legislación internacional, la lucha contra el narcotráfico y su derivado el lavado de dinero apunta, desde hace ya décadas, a reducir o eliminar determinado tipo de formaciones jurídicas y societarias que facilitan la actividad informal o la trasladan a países de baja o nula tributación.

El objetivo de este trabajo es, sin embargo, esencialmente describir la realidad argentina, para intentar echar un poco de luz, si es posible, sobre el problema de la actividad informal.

La desbordante presión tributaria que soporta el país constituye, en esencia, no solamente uno de los pilares de la evasión, sino también una verdadera barrera que dificulta el inicio de cualquier actividad. Resulta a todas luces absurdo, pero hemos aprendido, con los años, que por lo general las cuentas públicas se manejan previendo recaudaciones en las que se contemplan los índices de evasión y de morosidad (aspectos esencialmente diferentes pero no siempre diferenciados debidamente ante la opinión pública). Determinados estudios reflejan que, en promedio, de cada peso ingresado por cualquier individuo, 57 centavos vuelven al Estado vía impuestos o cargas de diversa índole. Si a tales estudios se le agrega el componente inflacionario a una tasa, digamos, del 12% anual, se colige que para un asalariado el monto de un mes de su trabajo se pierde en tal concepto. Es decir que algo más de la mitad de los ingresos del asalariado vuelven al Fisco, y además, un sueldo íntegro vuelve al Estado vía el impuesto más injusto de todos: la inflación.

Cualquiera de nosotros puede observar la carga impositiva directa que aparece en una factura de servicios públicos domiciliarios, por ejemplo. A ello hay que agregar, por supuesto, las cargas que no aparecen y que tienen que ver con los impuestos y los aportes previsionales que deben abonar las empresas en general (ganancias, ganancia mínima presunta, ingresos brutos, impuestos provinciales como el inmobiliario, sellos, municipales como la tasa de seguridad e higiene, las denominadas tasas de abasto, la tasa vial, las contribuciones patronales, etc.). Se suman los cargos que sufren los individuos que se desempeñan en ellas, el llamado costo laboral, el impuesto sobre los bienes personales (denominado originalmente “a la riqueza”) y también el impuesto al valor agregado. A todo ello se suman el impuesto sobre las transacciones financieras (impuesto al cheque) y los derechos sobre las exportaciones (retenciones), que en ciertos casos como en el petrolero llegan al 45% sobre el monto bruto exportado

Determinados gravámenes son verdaderas patentes (más allá del gravamen sobre los automotores, que así se denomina comúnmente). Por ejemplo el Monotributo (tanto nacional como los provinciales en vigencia) o los aportes de los trabajadores autónomos. Tales gravámenes deben abonarse aunque el contribuyente no hubiera tenido ingresos en un período, a menos que se solicite la baja cada vez que tal hecho ocurre, en cuyo caso, siempre dicha baja rige a partir del mes siguiente al de solicitada (es factible la baja retroactiva en el caso de los trabajadores autónomos, mediando para ello un trámite que no debería ser engorroso, pero que en la práctica suele serlo, aparte de ser desigual según la Agencia de la AFIP en que deba realizarse).

También hay que decir que todos sabemos lo complicado que es poner en marcha cualquier actividad, y lo costosísimo que implica iniciarse en ella desde el punto de vista tributario. Permisos, habilitaciones y pagos mínimos están a la orden del día. Acá podemos distinguir, rápidamente, aquellos cargos que constituyen una necesidad ineludible (la habilitación siguiendo las normas correspondiente) de los cargos fijos por gravámenes originados en las patentes a las que no referimos. Y ni hablar si es preciso incorporar personal para el trabajo.

Podemos también mencionar la incidencia en el empleo administrativo de las actividades que el Estado Nacional, Provincial, o Municipal obliga a realizar a las empresas. Formularios, libros, planillas y presentaciones (manuales o mediante aplicativos computadorizados) que es preciso confeccionar, autorizar, conformar y guardar meticulosamente para evitar ulterioridades. Todo ello implica una cantidad de horas-empleado de difícil determinación pero indudablemente superlativa y cuyo costo debe asumirse.

Desde el lado del consumo, si bien es obvio que nadie debe aceptar adquirir productos o servicios sin la exigencia de la documentación legal correspondiente (facturas esencialmente), en muchos casos tal documentación se olvida por parte de ambos interesados en la transacción, o genera descuentos de importancia para el adquirente, que no desea resignar.

Si continuamos con el llamado mercado de la piratería (informática, música, cine, etc) el grado de informalidad es decididamente impresionante y está a la vista de todo el mundo en pleno Centro de Buenos Aires.

Existe en todo esto una contracara de una gravedad inmanente. Determinados sectores sociales de ingresos magros tienen la imperiosa necesidad de concurrir a lugares de ventas informales para adquirir por ejemplo ropa, en especial para sus hijos. Hablar de lugares como el Mercado Central o La Salada resulta ocioso. Constituyen una realidad y una necesidad. Y por supuesto los vendedores ambulantes que pululan especialmente en las inmediaciones de cualquier estación de ferrocarril o de ómnibus, pese a la innumerable cantidad de operativos oficiales.

En el caso de la costurería, de la hechura de ropa, ciertas prácticas son conocidas. Por ejemplo, en las villas de emergencia no existen exigencias sobre el pago de servicios como la electricidad. Se sabe que en promedio mucha gente se “cuelga” del servicio y obviamente no paga impuestos o tasas provinciales o municipales. En tales lugares, que determinadas personas confeccionen en su hogar prendas con máquinas de coser o de tejer eléctricas no sorprende a nadie que conozca un poco cómo funcionan estas cosas.

Con respecto al trabajo en negro de los inmigrantes ilegales, podemos decir básicamente dos o tres cosas. La primera es que la ilegalidad es producto de las trabas que se ponen a la inmigración con argumentos en muchos casos falaces a nuestro entender. En segundo lugar es sabido que muchas familias llegadas de países sudamericanos, en especial de los limítrofes, lo hacen con el ánimo de mejorar la paupérrima situación en que se encuentran en sus lugares de origen. También que vienen al país a trabajar en rubros en los que, por lo general, el argentino medio no lo hace. Más allá de ello, las dificultades de legalización y normalización documentaria contribuyen a la aparición de situaciones dramáticas como la que en definitiva dio pie a este artículo.

Pero el dato fundamental, en materia económica propiamente dicha, pasa por el hecho de que el costo de formalizarse es a todas luces enorme. Lo es tanto para los trabajadores como para los consumidores. Los salarios en dólares son bajos en la Argentina porque entre otras cosas el modelo imperante de tipo de cambio competitivo exige tales salarios para poder sobrevivir. Téngase en cuenta que si el Estado no mantuviera alto el tipo de cambio de modo artificial, todos los trabajadores cobrarían unos cuántos dólares más por mes. A ese bajo valor salarial, se le suma el hecho de que para la empresa por cada 100 pesos que percibe un trabajador en su bolsillo debe abonar un total de $ 170.- por lo menos. El cargo final es enorme.

Sin pretender soslayar ni por un momento la espantosa muerte de esas personas del taller clandestino, todo el mundo sabe que tales talleres existen desde hace muchos años. Programas de investigación televisivos han mostrado ciertos trabajos informales en reiteradas oportunidades, como muestran otras carencias especialmente en las grandes ciudades. Pero, como ocurre con los desarmaderos de automóviles o las zonas donde se venden o vendían repuestos de automóviles “usados” y santísimas otras cosas, no estamos en absoluto ante una novedad.

Tenemos una realidad que muestra, pues, por lo menos varios pilares: la presión tributaria (que incluye el proceso inflacionario desatado por el modelo económico vigente), los bajos salarios y la necesidad de adquirir bienes a valores accesibles. Cuestiones tales como la piratería informática o cinematográfica, se tornan prácticamente inevitables, toda vez que las versiones originales tienen un costo muchas veces prohibitivo debido al alto valor del dólar. Téngase presente, como un ejemplo casi podríamos decir elemental, que ciertos cartuchos de tinta de computadoras, tienen impresa la leyenda que dice “prohibido su rellenado”.

Estamos ante un problema de proporciones descomunales, cuya arista visible aparece cuando ocurre una desgracia, pero que está subyacente en la vida cotidiana. Sin excepción.

La necesidad de hacer una reforma impositiva que implique federalizar los recursos, la imprescindible adecuación del Estado (nacional, provincial y municipal) a pautas de eficiencia y control independientes, el indudablemente necesario cambio político que reduzca y elimine estructuras burocráticas que entre otras cosas no se basan en la idoneidad de sus componentes sino en otras cuestiones, la reducción al mínimo del otorgamiento por parte de autoridades públicas de subsidios, promociones, desgravaciones e incentivos que se basan, lamentablemente, en presiones lobbísticas o directamente en razones electorales. Todo ello en un marco de discrecionalidad contrario a la Carta Magna, para no abundar. Es preciso revisar el concepto de coparticipación federal de impuestos, que se presta a todo tipo de componendas políticas. Es imprescindible volver eficientes a hospitales y policía. La seguridad jurídica debe estar garantizada y el Estado de Derecho debe imponerse evitando que funcionarios del rango que fuere manejen la realidad cotidiana mediante el uso de su pulgar.

Buenos Aires, 4 de abril de 2006 HÉCTOR BLAS TRILLO