Cooperativas Argentina

Alberdi propuso, constitucionalmente, “una industria sin trabas”

La industria cooperativa es una industria esencialmente nacional que debe enriquecer y usufructuar con primacía, calidad y eficiencia las “commodities” argentinas.
Milkaut, Sancor, Manfrey, Arroyo Algodón, Arroyo Cabral (productos lácteos-Córdoba), cristalerías y tractores (Córdoba); Fecovita (vinos-Mendoza), Campo Herrera (azúcar-Tucumán); almacenamiento y servicio de cereales, frutales y oleaginosas; Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, buena réplica del otrora Hogar Obrero- con frigorificos, hipermercados, asociativismos y centros de compras; (CONINAGRO, ACA, FACA, FAA, Agricultores Federados Argentinos); viviendas económicas (Cooperativa Horizonte); generación de energía, agua potable y servicios sanitarios, energía eléctrica, telefonías, gas, pavimentación y alcantarillado, mediante cooperativas a cargo de su gestión, en toda la geografía nacional; Coovaeco (turismo)... etc., son realidades palpables que acreditan sustantivamente a la industria cooperativa argentina.
El notable desarrollo energético, cibernético y turístico, si bien nos permite prescindir en alguna medida de las tradicionales ‘chimeneas’ como exclusivos signos industriales, simultáneamente aparejaron crecientes grados de exigencias en términos de calidad, eficiencia y productividad, competitividad, entendida ésta, en nuestro caso, como la habilidad o capacidad de la industria cooperativa para alcanzar una prosperidad económica duradera, que incorpore también mejoras en la equidad, reduciendo la pobreza, la desigualdad social, aportando a la sustentabilidad ambiental mediante una clara y definida responsabilidad social de la empresa cooperativa.
La industria cooperativa, por sus principios, características propias y modalidades de organización, manifestó concretamente su capacidad de respuesta a la primera ‘oleada’ del proceso de desindustrialización de finales de los años 70’ y principios de los 80’ y encuentra ahora toda una `ventana de oportunidad´ para expandirse agregando valor local y regional.

Su trayectoria desde 1884 y consolidación impidieron que grandes empresas monopólicas se desbordaran perjudicando cooperativas, pequeñas industrias y el artesanado.

La industria cooperativa prioriza el mercado interno al externo, los recursos nacionales y las ventajas comparativas; la moderación y equilibrio entre `commodities, etanol, medio ambiente y sustentabilidad.

Sus inversiones en el país –asumiendo todos los riesgos-, su e-commerce, y RSE, distinguen a nuestras empresas cooperativas industriales y de servicios.
En este último sentido, el sector cooperativo ha realizado –y realiza- aportes al desarrollo de la infraestructura necesaria para mejorar la vinculación física de personas y economías, brindando condiciones para el desarrollo y cohesión de las economías locales y regionales, facilitando el aprovechamiento de oportunidades.

En esta perspectiva, quién puede desconocer que los servicios públicos gestionados y servidos por cooperativas, fueron, son y serán artífices del desarrollo rural (electrificación, telefonías, acueductos, gasoductos, etc.) y urbano, reduciendo costos, llevando progreso y bienestar.
Todo esto se ha comprendido atento la pareja valorización constitucional del cooperativismo en las provincias argentinas.
Claro, esta valorización no es una pura abstracción. Córdoba cuenta con cientos de cooperativas para servicios públicos: agua potable y servicios sanitarios: 100; energía eléctrica: 204; telefonías: 79, etc.; Santa Fe: telefonías: 81; agua potable: 107; energía eléctrica: 61; Buenos Aires: agua potable: 125; telefonías: 117; energía eléctrica: 215; Entre Ríos: agua potable:32; telefonías: 5; energía eléctrica: 18; Mendoza: agua potable: 9; energía eléctrica: 9; Río Negro: agua potable: 8; telefonías: 12; energía eléctrica: 2; Chaco: agua potable: 7; telefonías: 5; energía eléctrica: 15; La Pampa: agua potable:25; telefonías: 11; energía eléctrica:29; Chubut: agua potable: 14; telefonías: 7; energía eléctrica: 30; Misiones: agua potable: 37; telefonías: 5; energía eléctrica: 8; etc. etc..
Asimismo es destacable que la industria cooperativa no admita empleo en negro, contratos basura ni personas -en su organización y funcionamiento- privadas de obra social, aportes jubilatorios y protección inmediata en caso de accidentes de trabajos, dejando a salvo las peculiaridades de las cooperativas de trabajo e industria.
Igualmente, es plausible su claridad y transparencia. En efecto, en las cooperativas se conocen quienes son sus administradores y asociados –cuotas nominativas-, dónde viven, cual es su capital y cual su patrimonio, haciendo previsible y más segura cualquier vinculación con las mismas que, por otra parte, están sujetas a controles públicos periódicos (Arts. 81, 99, 100 y cc. de la Ley de Cooperativas Nº 20.337).
A modo conclusivo, nuestra industria cooperativa viene contribuyendo a la creación y aumento de la riqueza nacional, a la inclusión social con justicia distributiva y precio justo, al superávit fiscal (en ocasiones injustamente debido a la persistencia de impuestos distorsivos) e, incluso, positiva y favorablemente con la balanza de pagos, la dignidad de los trabajadores y la justicia social.
En esa perspectiva, nuestra Carta Magna, en sus artículos 4, 14, 75 inc. 18 y cc. promueve explícitamente la industria nacional y, la industria cooperativa es –reitero- industria nacional.

A ello debe sumarse sin demora, la facilitación de acceso al crédito cooperativo para medianas y grandes inversiones, la dotación de una infraestructura complementaria y adecuada a los nuevos requerimientos regionales y supraregionales, la simplificación administrativa y una consideración fiscal equitativa y preactiva, acorde sus características y finalidades, eliminando verdaderas e injustas gabelas impositivas actuales que por estos días alcanzan ribetes absurdos cuando gravamos con severas retenciones los frutos y productos del campo, precisamente, lo que otros países protegen e incluso subsidian, a pesar de nuestros contradictorios reclamos, claro está.
Finalmente con Alberdi sostenemos que los fines de las constituciones de hoy en día, deben propender a organizar y constituir los grandes medios prácticos para sacar a la América emancipada del estado oscuro y subalterno en que se encuentra.
Esos medios deben figurar hoy a la cabeza de nuestras constituciones.
Así como antes colocábamos la independencia, la libertad, el culto, hoy debemos poner la inmigración libre, la libertad del comercio, los caminos de fierro, la industria sin trabas, no en lugar de aquellos grandes principios, sino como medios esenciales de conseguir que dejen ellos de ser palabras y se vuelvan realidades”.
Concluimos entonces, sosteniendo que no será difícil detectar las potencialidades y oportunidades cooperativas que ya merecen sobradamente decisiones políticas coherentes, consistentes, constantes y federales para destrabar cualquier anomalía ajena al notorio desempeño cooperativo en nuestra industria nacional.