Educación Cooperativa

Cooperativismo
(Pedido de Informes Legislativos )

p. Roberto F. Bertossi

Con fecha 15 de Octubre de del año 1986 se sancionó la Ley 23.427 implementando un Fondo Federal para Educación y Promoción Cooperativa al que adhirieron las provincias argentinas.

Anualmente cada una de ellas estaría coparticipando desde su adhesión hasta la fecha, una cantidad oscilante promedio de entre diez a quince millones de pesos aproximadamente.

La afectación legal de estos fondos no es ni puede ser otra que la educación y promoción cooperativa a lo que cada provincia se comprometió institucionalizando su “Fondo Provincial para la Educación y Desarrollo del Sector Cooperativo”

No obstante, mucho de los mismos habría sido `desviados´ a rentas generales provinciales.

Así las cosas, dado el tiempo transcurrido, los cuantiosos fondos recaudados y ociosos, la importancia y gravitación de la educación y promoción cooperativa en todos los tiempos pero, singular y superlativamente ahora cuando bajo el lema : "El trabajo es el mejor antídoto contra la pobreza", se adoptan medidas como la anunciada recientemente por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en cuanto que el Estado invertirá 1.500 millones de pesos en el marco del Plan de Ingreso Social con trabajo, que servirá para crear 100 mil nuevas fuentes laborales cooperativistas; bueno frente a tamaño dislate el pueblo conforme al articulo 22 de nuestra Constitución Nacional también quiere saber que se hizo, que se hará; si se verifican disparidades, cuales son las responsabilidades, quienes los responsables.

Dicho proyecto elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social, contempla distorsionadamente la creación masiva de cooperativas sociales en todo el país y prevé ilusoriamente la apertura de más de 100 mil fuentes de trabajo.

De esta manera, el Gobierno nacional, con la participación de las provincias y municipios, tiene el aparente propósito de poner en marcha miles de cooperativas, especialmente aquellas dedicadas a la infraestructura básica que incluirían desde el pintado de cordones y escuelas hasta la construcción de redes cloacales y veredas.
Ante semejante anuncio, luce más imprescindible que nunca un fuerte y determinado impulso de la educación, capacitación e información cooperativa, “un aprender haciendo solidariamente” ya que en principio el proyecto en cuestión podría favorecer y propiciar cooperativas bastardas.
El cooperativismo genuino no se impone.
Las cooperativas de trabajo son empresas fruto de la mancomunidad del trabajo personal independiente de sus asociados y basicamente para satisfacer sus necesidades físicas afines.
En este caso, la enorme importancia y responsabilidad de impulsar sin más demoras ni distracciones educación y capacitación cooperativas cobra mayor relevancia cuando el propio Estado nacional violando los principios cooperativos de neutralidad política, autonomía e independencia `decreta cooperativas´ que ya están siendo conformadas -con toda premura, discrecionalidad y toda simplificación administrativa- por personas desconocidas entre sí pero reclutadas de acuerdo con criterios populistas por lideres piqueteros, intendentes o por grupos afines a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social u otros.
Ante este estado de cosas cooperativamente anárquico y jurídicamente anómico, cada legislatura provincial debería impulsar un proyecto de pedido de informes al Ejecutivo Provincial sobre el otorgamiento de recursos a Entidades Cooperativas, dentro del marco del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, al que adhirió cada Provincia.

Específicamente, solicitar informes sobre montos asignados desde la adhesión provincial hasta el 2009 del citado Fondo; qué área del Gobierno provincial tiene la facultad de distribución; cuáles son los parámetros para la selección de los proyectos y cuáles han sido beneficiados, identificando cada cooperativa, su vigencia, fecha y monto de los mismos a todo lo cual es imperioso añadir ahora concomitantemente cuál y como será el monitoreo necesariamente singular para las cooperativas `derivadas´ del proyecto aludido: "El trabajo es el mejor antídoto contra la pobreza"

El Fondo para Educación y Promoción Cooperativa tiene como objetivo promover la educación cooperativa en todos los niveles de enseñanza; promover la creación y desarrollo de cooperativas; asesorar a personas e instituciones sobre los beneficios que otorga la forma cooperativa de asociarse y promover la creación y funcionamiento de cooperativas que tengan por objeto mejorar y elevar el nivel de vida de sus asociados despejando toda posibilidad u oportunidad de falsas cooperativas o `cooperativas políticas´.

Corresponde informar a todos los habitantes de cada provincia en general y al movimiento cooperativo en particular sobre los mecanismos por los cuales se distribuyen recursos a entidades del sector que tanto aportan a la dinámica económica provincial y fundamentalmente, que exista transparencia, pertinacia, experticia y equidad en el otorgamiento de los fondos que tienen la finalidad de apoyar la educación y el desarrollo cooperativo.

Dentro del marco del fondo para educación y promoción cooperativa, para deslindar responsabilidades, para lograr la máxima y auténtica eficacia cooperativa en cada empresa de trabajo y servicios de esta clase, resulta tan oportuno como impostergable un pedido de informes federal por parte de cada legislativo a cada ejecutivo, fundamentalmente cuando las leyes provinciales para educación cooperativa y las propias Constituciones provinciales o, a nivel nacional, las leyes 16583/64, el Decreto Reglamentario PEN Nº 1171/03 (Duhalde) y la Ley Nacional de Educación 26.206/06 en su artículo 90, aseguran la educación, promoción, fomento y fiscalización cooperativas, sus caracteres y finalidades.

Además de corresponder estos pedidos de informes cooperativos, no será menor impedir nuevas frustraciones `cooperativas´ como las que provocaron modelos falaces aplicados en la provincia de Santa Cruz o el del año 2003 por el Ministerio de Infraestructura de la Nación y otros, mediante los cuales se inventaron movimientos cooperativos subordinados o asociados a distintas organizaciones sociales violentas afines al Gobierno que nada tienen que ver con el marco axiológico cooperativo ni con sugerencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que los gobiernos nacionales, provinciales y municipales impidan y condenen pseudocooperativas que truncan los legítimos derechos y expectativas de multitud de desocupados como la fe pública en la nobleza cooperativa.