Cuando en los países de América Latina sus economías entraban en crisis el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) movilizaban sus recursos para dictar la política económica que debían implementar, como condición para tener acceso a los recursos financieros e inyectar liquidez a sus mercados. En esos casos, como parte de los programas de ajuste del FMI y BM, invariablemente se exigía la puesta en práctica de un conjunto de medidas que garantizaran los pagos de la deuda y, en consecuencia, la reducción del endeudamiento externo; se implementaron medidas para hacer crecer el ahorro, reduciendo el gasto público al límite de lo imposible dentro de un programa de ajuste que olvidaba la educación, la salud y todos aquellos programas sociales que juzgaban innecesarios.