Problemas de la economía argentina

Como venimos señalando desde hace ya mucho tiempo, el esquema económico basado en el peso subvaluado y la sustitución de importaciones con control de precios va mostrando poco a poco que es insostenible en el tiempo.

Mientras la necesidad de mantener el tipo de cambio competitivo ha obligado a las autoridades a elevar el valor de la divisa de aquellos $2, 85 o $ 2,90 de la segunda mitad del año pasado a los $ 3,10 actuales, los reiterados llamados a acordar precios y las constantes amenazas de medidas tributarias sancionatorias (en muchos casos concretadas) no están dando el resultado esperado. La denominada "lucha contra la inflación" se ha centrado casi exclusivamente en lograr índices de precios al consumidor lo más bajos posible, siempre teniendo en cuenta que la ponderación con que tales índices se elaboran permanece inalterada. En términos lo más descafeinados posible, diríase que se intenta parar la inflación mediante un efecto psicológico, por decirlo de algún modo. Esto es: bajar las expectativas inflacionarias, como reiteradamente anuncian desde las esferas oficiales.

Por ello, la situación planteada en el mercado de las carnes se ha vuelto tan incandescente. Su consumo incide en por lo menos un 10% de la conformación del índice de precios. No es poca cosa.

El hecho de que la canasta básica total haya sumado ya algo más de 848 pesos preocupa en demasía al Gobierno, porque implica aumentar el índice de pobreza. No hay que olvidar que hace apenas unas semanas que el presidente anunció el sueldo mínimo de los maestros en $ 840 y dijo que estaba por encima de dicha línea, lo cual era cierto hasta enero pasado, pero ya no lo es.

La situación se ha complicado. Sin dudas. El llamado del presidente a miles y miles de empresarios para que bajen sus ganancias y sus precios carece de realismo y no responde a la lógica del funcionamiento de un mercado, el que fuere. Inclusive el del comercio internacional.

La medida anunciada con relación a la prohibición de exportaciones cárnicas es de un grado de gravedad a todas luces notable. A todo lo que puede verse y oírse al respecto agregaremos algunos puntos que surgen de nuestra experiencia personal como asesores de empresas ganaderas.

La suspensión de las exportaciones no incluye la denominada cuota Hilton (cortes traseros de animales grandes de calidad) que representa unos U$S 200 millones de dólares (unas 28.000 toneladas) de exportaciones a la Unión Europea, ni tampoco los acuerdos con Venezuela. El resto, al menos por el texto de la resolución 114 del Ministerio de Economía, queda suspendido. Hay que recordar que ese resto incluye a Rusia, Israel, Asia, América y también las exportaciones cárnicas a Europa fuera de la cuota Hilton citada, como es el caso de Italia. Y por supuesto a países africanos. Si tenemos en cuenta que el año pasado las exportaciones del rubro llegaron a casi 1.500 millones de dólares podemos tener una idea de la gravedad de la cuestión.

Abundar en la pérdida de mercados o del incumplimiento de contratos ya celebrados es una tarea irrelevante a estas alturas. Las decisiones políticas que afectan a la economía se dirigen cada vez a mayor velocidad a encontrarse con la realidad. Productores, frigoríficos, elaboradores de productos termoprocesados como el corned beef y demás, se han encontrado de repente con que se acabó su actividad exportadora. Y mientras desde el Gobierno se anuncia que se subsidiará al personal de ser necesario, no parece que esté muy claro en los funcionarios el daño que este tipo de desbordes produce. Ello aparte de que tales subsidios deberán salir del superávit fiscal, es decir de la presión tributaria que teóricamente deberá incrementarse para suplantar la baja de ingresos por los derechos de exportación de las carnes, que por otra parte se han subido al 15%. Baste agregar que la promoción de carnes argentinas sigue su curso en el exterior, como ocurre actualmente en Barcelona.

Decimos que no parece entenderse el problema porque en los considerandos de la resolución que citamos se argumenta que "se observa en los precios de la carne vacuna un crecimiento tanto inusitado como injustificado", para sostener renglones más abajo que"una de las causas de tales aumentos está vinculada a la demanda externa". Es decir que en los propios considerandos está la justificación de lo que señalan como injustificado. Nada se dice allí del efecto de la devaluación que señalamos al comienzo. La apreciación presidencial respecto de que "los empresarios tienen que entender" que deben ganar menos, constituye una pieza anecdótica que muestra lo lejos de la realidad del comercio que parece estar la política. Realmente en todo esto lo verdaderamente inusitado es que se afirme en una resolución o donde sea que algún precio sube inusitadamente, cuando al mismo tiempo se deprecia adrede la moneda con la que debe pagarse el producto en cuestión. Pero hay más: durante años el país ha venido luchando y sigue haciéndolo contra la aftosa (ese "paracupo" inventado por la Comunidad Europea en los años 50) con el objeto de poder exportar. Hace años que la Argentina viene pidiendo a los proteccionistas del Norte que eliminen los subsidios a la ganadería y a la agricultura. Inclusive la Cumbre de Mar del Plata estuvo teñida de esa cuestión como trasfondo político vinculado con el ALCA. Todo ello para llegar primero a aplicar retenciones a las exportaciones de manera creciente y punitiva, utilizar epítetos descalificadotes y prejuiciosos contra los productores ganaderos y finalmente vedar la salida de carnes.

El tema da para explayarse. El ingreso del día viernes en Liniers superó las 24.000 cabezas y fue un récord en muchos años. Inmediatamente se atribuyó semejante ingreso de hacienda a la absurda medida tomada por el Gobierno. No se reparó en que el jueves es un día en que el Mercado de Hacienda prácticamente no opera y que el miércoles los precios habían volado como se dice en la jerga, lo cual constituye un incentivo de proporciones. Tampoco parece haberse reparado en el hecho de que desde este mes el piso para faenar se ha elevado a 280 kg, por animal, bajando de ese modo la oferta de animales chicos, que es lo que más se consume en el país. La llegada de tantos animales tuvo que ver con los precios, básicamente. Los animales de exportación no llegan al consumo masivo, paradójicamente, porque la gente no los prefiere (se trata de animales de más de 500 kg en muchos casos ).

Ahora bien, si con este tipo de políticas se espera que la producción ganadera aumente, creemos que es obvio que el resultado será el opuesto, como está ocurriendo en otras áreas afectadas por los vaivenes del mercado internacional o local. El caso de los lácteos es también paradigmático.

Actualmente la producción ganadera ya está bajando y rápidamente. El recorte a la faena y este tipo de medidas restrictivas o punitorias hace que los productores prefieran volcarse a la soja, que sigue siendo la gran vedette de esta historia. Ello es lógico. El ciclo es corto, la demanda interna muy baja, y los precios internacionales muy buenos.

Digamos finalmente sobre este tema, que la cuota Hilton es distribuida por el Poder Ejecutivo (precisamente por presuntas irregularidades en el reparto de dicha cuota está en estos momentos acusado judicialmente el secretario de Agricultura Miguel Campos) y por supuesto llega a determinados frigoríficos que no son precisamente los más pequeños. Como decíamos no hace mucho: resulta ahora que exportar es malo.

Ahora bien, los argumentos en el sentido de abastecer al consumidor local a precios razonables, se dan de bruces con el sostenimiento de un tipo de cambio irreal mediante la emisión de moneda del Banco Central, genuinamente inflacionaria y devaluatoria de nuestro signo monetario. A ningún extranjero visitante del país que sea le resulta cara nuestra carne. Ni le resulta caro nuestro país. Pero no por causas naturales sino por una decisión política, que por un lado pretende favorecerse con el artilugio, pero por el otro necesita que los alimentos lleguen a la gente. Y por supuesto necesita culpar a comunidades enteras de los males provocados por el manejo irresponsable de la moneda de cuenta: el peso.

A todo esto, el gasto público se eleva rauda e imparablemente (en enero subió un 30%) requiriendo más y más recursos impositivos e inflacionarios. La inflación es, recordamos, el impuesto más injusto. Un 12% por ejemplo, implica "comerse" literalmente un sueldo por año de cualquier trabajador.

Recordamos una vez más, para redondear el concepto, que el índice de precios al consumidor no es en sí "la inflación", sino el aumento del costo de la vida y supone que el consumo sigue estático. De manera que si la carne representa el 10% del consumo familiar, el índice supone que siempre se consume ese 10% cualquiera fuera el precio del producto, lo cual obviamente no es cierto. Pero sí es cierto que si una familia deja de comer carne para comprar fideos, está bajando probablemente su calidad de vida, precisamente porque ha subido el costo la misma. Esto es lo que ha ocurrido dramáticamente en estos años. Porque si bien se alcanzaron los niveles de producción de 1998 y la desocupación está prácticamente en los niveles de aquel año, el nivel de vida de todos nosotros ha bajado dramáticamente. Hemos vuelto poco a poco a reparar máquinas y electrodomésticos y nuestros recursos no alcanzan ni siquiera para viajar a un país limítrofe en muchísimos casos. Esa baja está asociada al "dólar competitivo" y al encarecimiento de productos industriales por el proteccionismo reinante. Favorecer a quienes producen localmente productos de inferior calidad y protegerlos de la competencia externa hace que los consumidores deban adquirir tales productos a precios mayores y con calidad inferior, afectando así aún más su calidad de vida, de por sí deteriorada por la subvaluación del peso.

Si analizamos el problema de la inflación y las medidas gubernamentales tomadas en los últimos dos años veremos que se han afectado especialmente los productos alimenticios (carnes, lácteos en todas sus formas, y en general empresas proveedoras de alimentos y supermercados), las tarifas de servicios públicos y la energía. En estos sectores se han fijado retenciones a las exportaciones que llegan en el caso del petróleo al 45%. Se han congelado tarifas y precios de combustibles. Se ha vuelto incluso atrás con el tema de los premios y castigos por los consumos de energía hogareña durante algunos meses de 2005 para evitar el efecto en el índice de precios. El panorama va mostrando la realidad que señalamos: estamos importando cada vez más gas oil y fuel oil, gas de Bolivia y está obligándose a las empresas productoras de electricidad a crear usinas asociadas al Estado para poder cobrar diferencias de precios que les facturan las mayoristas distribuidoras y que no pueden trasladar a los consumidores como consecuencia de los congelamientos de tarifas. Estamos tratando de incentivar la exploración petrolera con desgravaciones insólitas y asociaciones no sólo con el Estado argentino, sino también con el venezolano o el brasileño. El congelamiento de precios, el aumento de retenciones y el cierre de exportaciones pretenden y consiguen bajar precios en algunos casos, pero también consiguen desincentivar inversiones, cerrar mercados externos, desalentar proyectos productivos y eternizar la inseguridad jurídica.

Los retrasos de tarifas no han impedido la carga tributaria que las afecta, que sigue siendo exactamente igual a la que era, cuando no es mayor (y que supera en algunos casos holgadamente el 50% del valor final, es decir que de cada peso pagado más de 0,50 son impuestos y tasas). La salida de Suez de Aguas Argentinas sigue siendo traumática a tal punto que el presidente de Francia, de próxima visita a la región, nos esquivará para pasar directamente a Chile. Los problemas de las concesionarias de servicios públicos no parecen encaminados siquiera. Y en el caso de las telefónicas es evidente el deterioro de los teléfonos públicos por ejemplo, pero llegaron a acuerdos con el Gobierno, que les permite manejar libremente el mercado de los celulares y de la banda ancha, que están desregulados y constituyen hoy por hoy el verdadero negocio.

Es evidente que los errores que se cometen para evitar hacer los deberes en materia de apuntar a que el país sea genuinamente eficiente y competitivo, son demasiados y recurrentes. Tal vez respondan, tales errores, a prejuicios ideológicos, como dicen conocidos comentaristas en los principales diarios del país. Lo cierto es que la idea de que los artilugios monetarios y el intervencionismo pueden corregir las deficiencias que supuestamente produce el funcionamiento del mercado libre (al decir de tantos ideólogos), sirve plenamente para sostener lo contrario. Esto es: que los funcionarios intervinientes constituyen, sí, la panacea que no es el mercado. Y así, vemos cada vez una mayor intervención cotidiana en aspectos básicos de la economía, soliviantada en oscuras malas intenciones de miles, o millones de personas que, no quieren entender que aún estando en condiciones de ganar dinero deben dejar de hacerlo.

La verdad de esta historia es que, sin renegar de la existencia de un Estado fuerte que fije las reglas, los negocios deben efectuarse en un marco de libertad y de respeto de la propiedad y de las instituciones. Y mientras tales normas se modifiquen según el estado de ánimo de los funcionarios cuando la realidad no coincide con el deseo de ellos, no parece ser el camino que conduzca a algún puerto seguro. Y desgraciadamente esto es lo que está ocurriendo. Las acusaciones sobre malas intenciones y los prejuicios ideológicos crecen y se multiplican.

Para concluir digamos que parece que finalmente se llegará a una impasse en el tema de las papeleras, al tiempo que se tratará en Diputados un proyecto sobre biocombustibles, aunque una vez más se pretende privilegiar a las Pymes con desgravaciones y promociones diversas. Es decir, se insiste en suponer que miles de pequeñas empresas darán trabajo (lo cual puede ser cierto) y convertirán al país en productivo y competitivo en el Exterior, mientras que las grandes empresas no lo harán, y si lo hacen, que corra por cuenta de ellas. El camino no sólo no es lógico en materia económica, sino que tampoco es barato en términos simplemente domésticos. Ayudar a unos obliga a los demás a pagar la ayuda. Y la generación de producciones a gran escala no se logra con pequeños emprendimientos sino con grandes inversiones. Es obvio que este Gobierno, y todos, siempre manifiesta su agrado cuando aparece algún proyecto de inversión de envergadura. Y es obvio que un proyecto de tales características no pertenece a una Pyme.

La idea de producir mediante pequeños y medianos emprendimientos no es mala en sí, el error está en creer que con eso se resuelven los problemas de competencia y productividad que tan lejos estamos de empezar a corregir. Y la discriminación hacia los grandes es una invitación a ser pequeños, lo cual no parece ni de lejos lo correcto.

Buenos Aires,11 de marzo de 2006

HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y tributación

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