p. Roberto F. Bertossi

Desconocer obcecadamente la realidad e importancia del campo a través de la historia, de nuestro tiempo y aún del futuro, es desconocer la naturaleza de la sociedad en que vivimos, que es la misma de siempre y la misma que habrá de continuar hasta la consumación de los siglos, no obstante su continua mutación de formas, metodologías y modernizaciones.

Nadie piense que el campo es un elemento estático y retrogrado de la sociedad; muy al contrario, es un germen originario de la sociedad como comunidad política y el único modo de vida que ha existido durante muchos siglos, el fermento básico que como siempre lo transforma y vivifica todo en el crecimiento progresivo de la humanidad.
Cierto es que el campo había perdido importancia relativa para la percepción común del conjunto de la sociedad en la medida que se han multiplicado los modos de vida surgiendo otros grupos sociales al calor de las nuevas técnicas, los nuevos avances de la civilización y nuevas circunstancias climáticas y globalizantes.

Perplejidad constitucional?

p. Roberto F. Bertossi

El ex ministro de economía que suscribió la polémica Resolución 125, los 127 diputados nacionales que aprobaron la misma en el Honorable Congreso de la Nación como todo funcionario y magistrado que desde sus funciones adhirieron a la misma estarían incursos en las previsiones del articulo 36 de nuestra Constitución Nacional (CN.).

En efecto, con fecha 29 de Diciembre de 1993 era promulgada la Ley 24.309 que estableció la necesidad de reforma parcial de la Constitución Nacional (CN.) de 1853 con las reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957.

El campo argentino tuvo dos grandes etapas. La primera de ellas se originó a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando pasó a ser el eje del crecimiento de nuestro país y lo llevó a posicionarse entre las principales naciones, transformándose en el "granero del mundo". En las décadas siguientes, el crecimiento del sector se produjo más lentamente y con períodos de estancamientos, hasta lo que podríamos denominar como una segunda gran revolución, que se inicia en la década del 80 y se consolidó en los 90 incrementándose como nunca hasta nuestros días

`Facturas cooperativas´
( por servicios públicos esenciales).

Por Roberto F. Bertossi

Las empresas en general y cooperativas en particular, concesionarias, permisionarias o licenciatarias de un servicio público, deben emitir la facturación por este servicio conforme la tarifa autorizada por la autoridad administrativa pertinente.

Ninguna cooperativa de servicios públicos esta autorizada a percibir importes superiores a los del cuadro tarifario o por conceptos distintos al mismo, salvo los derivados de otras disposiciones del contrato de concesión, permiso, licencia, reglamento de suministro y del marco regulatorio correspondiente.