Crisis de los 80

A fines de los setenta, los países latinoamericanos también llegaron a desarrollar una importante diversificación de sus mercados. En 1975 las economías de mercados más desarrollados eran el destino del 65 por ciento de las exportaciones de materia prima de la región, del 80 por ciento de sus minerales y del 72 por ciento de exportaciones de energéticos. Diez años más tarde, los números en porcentaje eran de 54, 65 y 71 por ciento respectivamente. Entre las naciones desarrolladas, Japón emergió como uno de los principales nuevos clientes para los minerales –especialmente cobre, hierro y bauxita- de Latinoamérica. El declive en importancia del peso de los países más desarrollados como mercados concentrados de destino de las exportaciones de la región contrastó con la ampliación de nuevos mercados demandantes en la ex-Unión Soviética, Europa del Este y otras naciones en desarrollo, especialmente en Asia.

En términos de la composición de los productos primarios objeto de exportación desde 1960, la característica más notoria fue el rápido crecimiento de la línea de energéticos, lo que se debió básicamente a la consolidación de México y de Venezuela, y hasta cierto punto de Ecuador, como los principales exportadores petroleros de América Latina. La proporción de exportación debida a los energéticos casi se duplicó entre 1970 (26 por ciento) y 1980 (48 por ciento). No obstante, las exportaciones de productos del sector primario por parte de la región continuaron manteniendo un bajo nivel de valor agregado.

Es necesario subrayar, dentro de las principales características económicas de América Latina luego de 1980, que la crisis que comenzó a principios de esa década estableció un período particularmente complejo en las economías de la región que requirió la aplicación de ajustes macroeconómicos. La mayoría de los países latinoamericanos se vio forzada a llevar a cabo dichos ajustes con el propósito de crear mayor estabilidad macroeconómica, lo que a su vez permitiría una mejor inserción en el mercado internacional y un crecimiento económico sostenible. Los cambios del ajuste hicieron énfasis en la política económica, en los compromisos de los gobiernos a mantener la continuidad de los programas de reforma y al hecho de que muchos de los cambios en varias naciones dependieron al final de la mejora en las condiciones económicas internacionales.

El factor más visible de la crisis, dentro de las condiciones domésticas de las naciones, fue la deuda externa. Entre 1978 y 1981, la región cosechó los beneficios de una mejora en los términos de intercambio del mercado internacional para sus exportaciones y de una generosa dotación de créditos internacionales especialmente por parte del sector privado. Estas condiciones posibilitaron que la región implementara políticas económicas expansivas, las cuales a su vez hicieron que 11 países latinoamericanos mantuvieran tasas de crecimiento económico por arriba de 4 por ciento (véase Tabla 3). En la mayoría de los casos, empero, estos logros se vieron acompañados de un excesivo déficit en las balanzas de pagos. Como resultado de ello, 15 países llegaron a tener un déficit en las cuentas corrientes que sobrepasaban el 4 por ciento de su PIB y, en 10 de esos casos, el déficit llegó a estar sobre el 5 por ciento del PIB (véase Tabla 4.).

Para 1982 casi todos los países latinoamericanos y caribeños habían sido afectados por la más profunda y prolongada recesión económica de los últimos 50 años. Aunque fuerzas externas fueron determinantes en el agravamiento de la crisis, otros factores no menos importantes actuaron, como por ejemplo la inconsistencia en el manejo de políticas económicas, especialmente en cuanto a la adopción de medidas que favorecieron, sin previsión, altos niveles de endeudamiento externo; la desorbitada expansión del gasto doméstico en varios casos, y las políticas de estabilización de precios basadas en el manejo casi único de las tasas de cambio. A esos aspectos deben agregarse los correspondientes a los métodos de liberalización financiera, los cuales mantuvieron las tasas de interés muy altas durante prolongados períodos de tiempo, afectando de esta manera la formación de capital de inversión directa en los países.

La interrupción de los flujos externos de capital luego de que México anunciara su moratoria unilateral en el pago de los servicios de la deuda en agosto de 1982, fue acompañada de una elevación en las tasas de interés en los mercados internacionales y de un deterioro en los términos de intercambio del mercado mundial. Esto forzó a la región en general a realizar los procesos de ajuste económico, los que estuvieron dirigidos, entre otras finalidades, a generar resultados positivos en las balanzas comerciales para cubrir la brecha que se originaba en términos financieros debido a los acontecimientos mencionados. Entre 1982 y 1984 el PIB de la región se estancó, la inversión fija se redujo en cerca de 5 por ciento de la producción anual latinoamericana y el déficit regional en la cuenta corriente pasó de 3.7 por ciento del PIB en 1978-1981, a 2.1 por ciento. Se trataba del inicio de la crisis económica de los ochenta.

Para enfrentar este escenario -cuyos problemas económicos se agravaban debido al problema de la deuda externa- las naciones latinoamericanas llevaron a cabo los procesos de ajuste. Los mismos se iniciaron en 1982 y duraron, en una primera fase, hasta 1990. Entre sus repercusiones se registró una importante reducción en el PIB per capita y el consumo interno. El coeficiente de inversión en la región cayó de manera constante, alcanzando sus mínimos niveles en 1987. A partir de este año este indicador ha experimentado una lenta recuperación, hasta alcanzar un 22 por ciento del PIB para 1989. No obstante, este último nivel ha mejorado, encontrándose por debajo de las cifras que se tenían a principios de los ochentas.

La naturaleza extraordinaria de los problemas regionales de los ochenta se reflejó de manera simultanea y sostenida en un descenso de los indicadores económicos y sociales de América Latina. Se tuvo un decaimiento significativo en términos de producción, es decir, un severo descenso en las tasas de crecimiento. La situación del empleo se vio afectada significativamente y los salarios reales declinaron en la medida que la inflación aumentaba y los problemas de la economía internacional se profundizaban.

Entre otros factores, debido a los procesos de devaluación de las monedas, las naciones latinoamericanas experimentaron significativos altos niveles de inflación. Esta situación fue influenciada por el alto grado de dependencia que la región mantiene respecto a los bienes de capital y a los insumos productivos provenientes del exterior. Todo ello con el fin de poder ejecutar en los mercados domésticos los procesos productivos. En algunos casos el seguimiento de relajadas políticas monetarias también contribuyó a fomentar los niveles inflacionarios.

En términos de empleo resultó evidente que, luego de la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica alcanzó aceptables niveles de crecimiento que se tradujeron en crecimiento ocupacional, con tasas de aumento que llegaron incluso a cifras del 2.5 por ciento anual. La rápida urbanización influyó para que el empleo en el sector agrícola pasara de 55 por ciento en 1950 a 32 por ciento en 1980. El número de empleos creados por el sector formal urbano creció a una tasa anual de 4 por ciento, pero este crecimiento no fue suficiente para absorber los aumentos anuales de la población económicamente activa que buscaba integrarse a los mercados de trabajo. La tasa de sub utilización de recursos humanos - desempleo abierto más subempleo y ocupaciones temporales en el sector informal - se mantuvo en aproximadamente el 30 por ciento en los mejores casos.

La crisis y los procesos de ajuste de los ochenta rompieron con el frágil balance que se tenía en el empleo, el cual había sido producto del crecimiento de las décadas anteriores. Los salarios reales se hundieron, se dieron alzas importantes en el desempleo y subempleo, se elevó la concentración de actividades agrupadas en subáreas ocupacionales de baja productividad. De manera generalizada en la región, la fuerza de trabajo urbana en sectores de subempleo se expandió a razón de 5 por ciento anual. En contraste, la creación del empleo en el sector formal alcanzó tasas que eran de alrededor de 2.5 por ciento anual. Estos aumentos ocurrieron por lo general en pequeñas empresas y en áreas específicas de los sectores públicos.

Durante los ochenta el nivel del gasto público en la mayoría de los países descendió fuertemente en términos reales como consecuencia de los procesos de ajuste, todo ello en un marco caracterizado por la preocupación por las cargas fiscales. Algunas naciones -Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela- hicieron más bien reducciones progresivas en sus gastos públicos. Mientras tanto, en otros países - como Costa Rica, Guatemala, México y Uruguay- los niveles de ingreso tendieron en cierto momento a recuperar sus niveles iniciales luego de la fase inicial de los procesos de ajuste. En Chile, el gasto del gobierno aumentó y luego descendió, pero para 1989 tenía casi los mismos niveles que había registrado a principios de los setenta. En Brasil, Colombia y Paraguay el gasto público había aumentado.

El peso de las cargas financieras debidas a la deuda externa aumentaron al principio de la década afectadas tanto por la elevación de las tasas de cambio monetario (depreciaciones y devaluaciones), como por el alza los intereses bancarios en el sistema financiero internacional. Rápidamente, el costo de la deuda pública ascendió dramáticamente debido a la mencionada elevación de los intereses en los mercados bancarios del exterior.

La mayor parte de los ajustes macroeconómicos fue realizada a principios de los años ochentas, cuando las condiciones para la crisis se manifestaron con mayor intensidad. Estos ajustes permitieron reducir el déficit fiscal en 6 y 5 por ciento del PIB en la mayor parte de los países de la región. Con pocas excepciones, no se produjeron todos los beneficios que se esperaban debido, básicamente, a la persistencia de condiciones adversas en la economía internacional.

De manera general, los procesos de ajuste de la década de los ochenta buscaron la elevación de los ingresos del Estado de muchas maneras. Particularmente fueron notorios los casos en los cuales estos ingresos se generaron como producto de ahorro y privatización en Argentina, Colombia, Costa Rica y Chile; en impuestos indirectos en el petróleo en Ecuador; en contribuciones de la seguridad social en Argentina y Uruguay; así como en aumentos de ciertas cargas fiscales en los casos de Colombia y Uruguay.

Como consecuencia de los ajustes macroeconómicos, la capacidad de los gobiernos disminuyó sensiblemente, pero durante los noventa se dieron indicios de que esta tendencia, en algunos casos, podía ser revertida. Era claro que los mayores ingresos de los gobiernos servían para uno de los objetivos centrales de los procesos de ajuste: el pago de los servicios de la deuda externa. Sin embargo ya para los noventas se registran algunos cambios, aunque escasos. El gasto público alcanzó en 1994 cifras históricamente altas en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En 1993 Honduras había mostrado una elevación de los gastos de sus instituciones públicas. Sin embargo, en Brasil los gastos totales establecidos durante los setenta alcanzaron una cota alta en 1987 y desde entonces han declinado, con excepción de 1992. En la mayoría de los países restantes, los gastos públicos se han recuperado en los años más recientes, pero aún con ello y en promedio, el nivel de los mismos era en 1994 y 1995 menor que el nivel alcanzado a principios de los ochenta.