Enviado por Roberto F. Bertossi - [email protected]

Los recientes estragos climatológicos, las respuestas posibles de ‘madre naturaleza’ a tanta provocación y necios desafíos, ciertamente puede asustar, sobre todo a partir de demasiada testadurez e insensatez humana, impunes.

La problemática de la contaminación del medio ambiente reflejada en conflictos climáticos y sucesos nacionales y extranjeros, nos alertan sobre el particular.

Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano. Este derecho comprende el de vivir en un ambiente físico y social libre de factores nocivos para la salud, a la conservación de los recursos naturales, y la preservación de la flora y la fauna.
El agua, el suelo y el aire como elementos vitales para el hombre, deben ser materia de especial protección.
Cada municipio, cada provincia, cada Estado, cada organismo supranacional están comprometido gravemente en esta protección debiendo ordenar el uso, explotación, explotación y resguarda del equilibrio del sistema ecológico, sin discriminación de individuos o regiones.
Por eso es preciso dictar normas que aseguren: 1) La eficacia de los principios de armonía de los ecosistemas y la integración, diversidad, mantenimiento y recuperación de recursos; 2) La compatibilidad de la programación física, económica y social con la preservación y mejoramiento del ambiente; 3) Una distribución equilibrada de la urbanización; 4) La asignación prioritaria de medios suficientes para la elevación de la calidad de vida de los asentamientos humanos.

Por cierto, los tremendos intereses corporativos no tienen ni dirección ni desempeños erráticos. Están firmemente determinados en la lógica del máximo beneficio y de la rentabilidad, en un comercio reñido, antagónico e incompatible con el medio ambiente, poco menos, en términos de terrorismo ambiental.

Pero, esos intereses benefician a algunos y a algunos más en tanto, los daños ambientales afectan y pueden afectar a la humanidad toda, sin ‘arcas de Noe’ ni cosa semejante.

Para colmo de males, no existen programas de educación y concientización ambientales globales, nacionales y locales, elementos básicos para generar en las personas percepciones, valores, comportamientos y actitudes que sea acordes con un ambiente equilibrado, elementos imprescindibles para propender a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, naturalmente razonable, en términos de un mejoramiento de la calidad de vida de la población y de las generaciones por venir.

Esta educación ambiental debe programarse sin demoras ni vetos presupuestarios, constituyendo un proceso continuo y permanente, sometido a constante actualización, que como resultado de la orientación y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas, favorezca y facilite un ‘termómetro’ mas humano del ambiente y el desarrollo de una conciencia y de una fuerte cultura ambientales.

Esta educación debe seguir algunos principios como, la armonización de legislaciones y de agencias o entes reguladoras en todas las jurisdicciones, esgrimiendo a la prevención como estrategia y la plena vigencia del principio de precaución ambiental de modo tal que –invertida la carga de la prueba- el que se supone podría dañar el ambiente, ha de demostrar fehacientemente lo contrario así como principios de cooperación, solidaridad, sustentabilidad, subsidiariedad, responsabilidad, progresividad y de equidad intergeneracional.

¿Quién advierte sobre la progresiva degradación ambiental?
¿Quién conoce el modo, el cómo se va lesionando y menguando la calidad de vida de la población?
¿Quién mide o prevé los múltiples y diversos impactos ambientales?

¿Quién puede ponderar humanamente los daños derivados de la irresponsable utilización de residuos industriales?

¿Quién controla la adulteración, degradación y contaminación del agua, del suelo, la atmósfera, de los recursos naturales en general que, no se dude, han puesto en riesgo las humanas condiciones de vida, de los seres vivos en general, de la diversidad biológica, de la fauna, de los bosques, de los montes, de la flora, de los sistemas ecológicos?

Acaso alguien puede pensar que así se respetan los presupuestos mínimos de protección ambiental?

A modo conclusivo, la responsabilidad legal, objetiva y subjetiva por daños ambientales, las medidas autosatisfactivas, las acciones de clase si bien son un avance novedoso, son relativas e insuficientes.

Entonces es de la mayor premura institucionalizar fiscalías ambientales para que procedan de oficio, denunciando y persiguiendo publica y penalmente a todo aquel que dañe el ambiente utilizando irracionalmente recursos naturales (aire, agua, tierras, minerales, bosques, floras, faunas, etc.).

Para ello, debemos progresar decidida e integralmente con acciones interinstitucionales mancomunadas, con patrullas ambientales, locales y regionales, con la responsabilidad social del periodismo, de los dirigentes, de los funcionarios, con la responsabilidad social empresaria certificada y, disponiendo finalmente, sin demoras, la implementación estratégica de fiscalías ambientales.